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La crisis económica, como era de esperar, no sólo ha afectado a los mercados financieros y repercutido en el mercado de trabajo, sino que ya comienza a desplegar sus efectos negativos sobre el sistema de Seguridad Social.
Es obvio que si aumenta el número de desempleados, la Seguridad Social ingresa menos en concepto de cotizaciones, y además debe hacer frente a un mayor número de prestaciones, lo que desde luego incide en la estabilidad económica del sistema.
Podría pensarse que el Fondo de Reserva ofrece un margen amplio, pero tampoco cabe engañarse. Los últimos datos, seguramente optimistas, informan de que dicho fondo equivale a ocho meses de pagos, lo que, dicho sea de otra forma, proporciona una cobertura insuficiente ante situaciones de quiebra técnica de la Seguridad Social, y sólo ofrece una solución a corto plazo en situaciones coyunturales de falta de liquidez. En realidad, sólo se recurrirá al Fondo de Reserva en escenarios excepcionales, porque el descrédito del Gobierno que plantee tal opción será evidente, y sus adversarios políticos contarán con un arma de gran potencia.
En todo caso, no creo que la Seguridad Social se encuentre en situación de quiebra técnica, ni que se vaya a encontrar en tal posición en un futuro próximo, por más que en estos momentos la bajada de ingresos –agudizada por el aplazamiento de las cuotas para muchos empresarios en dificultades– sea evidente, así como el aumento de los gastos.
El problema, como numerosos estudios ya han dejado patente, se planteará realmente dentro de dos décadas, en el horizonte del año 2030, cuando se produzca la jubilación de quienes nacieron en la década de los 60, cuyas pensiones deberán ser financiadas por quienes coticen en ese momento. Las bajas tasas de natalidad de los últimos años dibujan ese horizonte de un color muy pesimista.
Sin duda, el sistema de Seguridad Social requerirá adaptaciones sustanciales, y en particular en relación con la pensión de jubilación. Progresivamente se endurecerán los requisitos para tener acceso a ella y se introducirán medidas que supongan, en última instancia, una reducción de la cuantía de la pensión (no es descartable que para percibir la pensión íntegra se exijan más de 35 años de cotización, como está sucediendo en otros países de nuestro entorno, o que se eleve la edad de jubilación más allá de los 65 años).
Pero ese es un escenario futuro, que poco tiene que ver con el actual. Las dificultades coyunturales del sistema de Seguridad Social son el reflejo de las dificultades que también debe afrontar el mercado de trabajo, del mismo modo que la bonanza del sistema de Seguridad Social en estos últimos años, con superávits constantes, eran consecuencia de la buena marcha de la economía.
Realidades interconectadas
En consecuencia, el mercado de trabajo y la estabilidad económica del sistema de Seguridad Social son realidades interconectadas, pues la buena situación del empleo aumenta la recaudación por cotizaciones y disminuye el pago de prestaciones, con lo que el balance siempre arrojará un saldo positivo.
Y viceversa, pues en situaciones de alta tasa de paro disminuyen los ingresos y se incrementan los gastos. Son, en todo caso, movimientos pendulares propios del contexto económico, y que deben ser valorados no como una realidad inmutable, sino como una coyuntura que, desde luego, se superará.
Sin embargo, la amenaza futura –allá por el 2030– sigue presente y sólo la voluntad decidida de afrontar el problema con anticipación podrá reducir las consecuencias que, a buen seguro, se producirán. Es obvio que el coste político es alto, pero si los partidos políticos –y en especial los dos mayoritarios a nivel nacional– afrontan la situación con la responsabilidad que requiere una cuestión de esta magnitud, sin duda se podrá llegar a un consenso sobre lo esencial, sin que el partido que esté en la oposición aproveche para obtener réditos políticos. Las líneas sobre las que deba asentarse tal reforma merecen, sin duda, un comentario mucho más detallado.
Universidad de Oviedo
Fuente: Expansión.com
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